La prostitución: una ventana a la regularización

Estamos en el año 2015. En España cumplimos cuarenta años de democracia, y hay ciertos temas que han de ser tratados con la gravedad que merecen y el pragmatismo necesario. Cuando hablamos de la prostitución es cierto que la gran mayoría de mujeres que ejercen el oficio lo hacen de forma coaccionada; muchas de ellas, además, son mecanismos de engranaje de una poderosísima red de delincuencia organizada como son las mafias que se dedican a esta actividad; pero, llegados a este punto, hay que plantearlo así: la legalización de la actividad reduciría la marginalidad y, ante todo, sería el punto de partida para hacer de este oficio una opción laboral más. No se trata de que, quienes ejerzan sin su consentimiento, lo hagan bajo el paraguas de la legalidad, no, sino de proteger a ese pequeño porcentaje que sí decide hacerlo de forma consciente y libre. Sobre las que son explotadas y maltratadas, las leyes estatales e internacionales han de ser aún mucho más represivas; desgraciadamente, la respuesta aún se antoja tibia ante una cuestión capital para el mundo moderno.

Desde el punto de vista legal y social, ¿qué es lo que verdaderamente incomoda? ¿Que un hombre pague por sexo?, ¿que una señorita decida usar su cuerpo para comerciar con él? En absoluto. Mientras esté todo consensuado, y ella consienta, ¿dónde está el problema? Se le aplicaría el régimen que el Código Civil establece para los contratos, como el del consentimiento válido y eficaz, sin vicios del consentimiento y el de rescisión por incumplimiento, fraude o lesión. En el aspecto laboral estarían sujetas a las disposiciones del Estatuto de los Trabajadores, y poco a poco se iría consiguiendo la paulatina normalización de una profesión que es como cualquier otra. ¿Acabaría esto radicalmente con el problema? No, en absoluto. Pero, como punto de partida sería interesante. Lo inmoral de la prostitución no es su ejercicio, sino los delitos que ésta apareja: tráfico de drogas, coacciones, robos, homicidios, asesinatos, agresiones sexuales, blanqueo de capitales, fraude fiscal o violencia de género. Al declarar una actividad ilegal como legal, al aceptarse ésta como válida en el ordenamiento jurídico, la competencia se podría regularizar, los controles sanitarios endurecerse y el tráfico, pese a sus desajustes -¿cuándo un sistema es eficaz al cien por cien o al noventa por ciento?-, estaría mejor organizado: la estabilización de precios beneficiaría al gremio y, sobre todo al Estado. Sin embargo éste, en su afán en querer hacerlo todo -y mal, que es peor- calla y no ofrece la respuesta que merece la lucha contra la ilegalidad o los vacíos jurídicos. Al estar fuera del ordenamiento se convierte en un reino de taifas en el que, desgraciadamente, tanto las trabajadoras del sexo como los clientes quedan desprotegidos, beneficiándose sólo los proxenetas. La regularización de la prostitución, además de una protección contractual, fomentaría el asociacionismo, el corporativismo y, sobre todo, la involucración en la lucha no sólo a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto. Disponer uno de su propio cuerpo es un derecho tan preciado como cualquier otro siempre y cuando no se lesione ningún bien jurídico. En España no se entiende este problema.

Es cierto que la lucha contra el oficio más viejo del mundo en Europa ofrece resultados desiguales: mientras que en Suecia el descenso de la criminalidad estuvo ligado a la persecución e ilegalización, lo cierto es que, por ejemplo, Alemania y Suiza -donde las profesionales del sexo tienen derecho a pensión, acceso a la Seguridad Social y a planes de pensiones privados- han hecho grandes avances mediante una protección no sólo eficaz de los derechos de las trabajadoras, sino también, protegiendo el tráfico fomentando que las trabajadoras del sexo sean autónomas y así ser ellas quienes decidan cómo, cuándo y por qué trabajar. Que, dejando de lado a Ciudadanos, las CUP o Barcelona en Comú, ninguno de los grandes partidos haya barruntado esta opción implica la desconexión de los partidos políticos con la sociedad; que varios sectores feministas -a quienes hay que darles la razón, todo sea dicho, cuando declaran el enorme poder de las mafias y en la situación tanto laboral como social de éstas- muestren su discrepancia porque sería legalizar la explotación y hablen de ‘reeducar y reinsertar a las prostitutas’, adoptando una actitud paternalista y condescendiente, reluctante a mirar por los derechos de una minoría que sí quiere ejercer su profesión dentro de la legalidad, a mí juicio, es un error. Cuando se aboga por los derechos de cualquier colectivo no se ha de hacer teniendo en cuenta sólo la opinión de los que están de acuerdo con la postura predominante, sino también, de los que disienten respecto a ésta. Ejemplos como el de la Asamblea de Activistas Pro-Derechos sobre el Trabajo Sexual de Cataluña , o el de un juez de la Ciudad Condal, que condenó al dueño de un prostíbulo a hacerles a sus chicas un contrato laboral, son pasos más que interesantes y necesarios para entender el problema a día de hoyProstitución Fuente

 

El progreso no debería nunca descansar en ideologías, sino en eficiencia. No podemos sanear y regenerar nuestro sistema político si éste es incapaz de legislar atendiendo al bien común. La moral y el puritanismo –formas de pensar absolutamente respetables, pero que poco o nada ayudan a la solución del problema- lo único que consiguen es vendar los ojos a una población que, poco a poco, parece mostrarse a favor de la solución al problema que se vive diariamente en calles y locales. Incluir en la sociedad a las que ejercen voluntariamente, perseguir y reprimir a las que lo hacen amenazadas, al igual que a las mafias que se dedican a la trata ilegal de personas no debe ser sólo parte de la solución: una asignatura que fomente el respeto entre hombres y mujeres sería, también, fundamental. La prostitución, desde el punto de vista masculino, suele descansar en un concepto erróneo de ‘posesión’ sobre la mujer; por ello, sería capital que en los sucesivos programas educativos se educara en la igualdad mediante la inclusión de una materia que enseñase el respeto cívico a todos los colectivos que conforman nuestra sociedad y, también, que se imparta educación sexual desde la preadolescencia.

De forma equivocada se sostiene también, que el objetivo de la educación sexual ha de ser sólo el de prevención de enfermedades venéreas y de embarazos no deseados, cuando el fin en sí mismo tiene que ser dotarle a los jóvenes de hoy día de los mecanismos necesarios para que disfruten su sexualidad, así como el derecho a la autodeterminación e integridad sexual de todos, especialmente de los colectivos más sensibles como puedan ser no sólo las prostitutas, sino también, homosexuales, travestis o transexuales. La tarea debería comenzar en casa; pero no son pocos los padres que delegan esta función en los profesores, sacudiéndose así cualquier responsabilidad. Y para cuando llega la adolescencia el problema es ya difícil de abordar. Entender que la prostitución y sus vicisitudes ya no es sólo un problema por parte de una clase política acomplejada o una cuestión jurídica que, aún está pendiente de ser abordada de una forma más represiva, sino de un problema educacional que nace de una sociedad española tabuizada, sería hacer el diagnóstico acertado del problema. La tolerancia o se inculca a edades tempranas, o no se aprende nunca.

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Un comentario en “La prostitución: una ventana a la regularización

  1. De acuerdo en todo salvo en el uso exclusivo del femenino al hablar de profesionales del sexo, creo que podríamos hablar de trabajadores en general, incluyendo ambos géneros (sin ánimo de usar un lenguaje sexista, creo que el plural masculino no discrimina). Si bien es cierto que, debido a nuestra sociedad altamente machista en muchos sectores, se debería tener especial cuidado a la hora de proteger a las mujeres trabajadoras del sexo de posibles conductas violentas motivadas por ese sentimiento de “posesión de la mujer” por parte de algunos hombres. Pero eso sería otra cuestión, separada del régimen laboral y fiscal que puede otorgarse a esta profesión.

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